Con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebra hoy 21 de enero, ayer tuvo lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) la Jornada Europea de Mediación (JEM 2026), bajo el título “Los retos de la mediación ante los nuevos escenarios de la L.O. 1/2025”. La sesión reunió a representantes institucionales y profesionales de distintos ámbitos para reflexionar sobre el impacto y los desafíos de la mediación tras el primer año de aplicación de la ley de eficiencia procesal.

La mesa inaugural contó con la participación de la presidenta de GEMME España, la magistrada Carme Guil, junto a Esther Giménez Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya; Marta Martínez, presidenta de la Comisión de Mediación del CICAC; y Cristina Vallejo, decana del ICAB, que ejerció de anfitriona del acto. En sus intervenciones se puso de relieve el carácter convulso del primer año de vigencia de la norma, las resistencias al cambio detectadas en distintos sectores y la necesidad de perseverar en la apuesta por los MASC como vía para una justicia más sostenible y centrada en la ciudadanía.

Durante su intervención, Carme Guil subrayó que, aun siendo una ley mejorable, la L.O. 1/2025 constituye un avance esencial al fomentar la mediación como método preferente para alcanzar acuerdos y reducir la judicialización innecesaria de los conflictos. Reivindicó asimismo el trabajo desarrollado por GEMME España a lo largo de este último año en diálogo con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para impulsar unidades de mediación intrajudicial bien dotadas, profesionalizadas y con garantías de calidad.

En este contexto, GEMME España puso especialmente el acento en el ámbito del derecho de familia, señalando que el conflicto judicial supone un riesgo claro y grave para los niños y las niñas, como parte más vulnerable. Carme Guil anunció en primicia que la asociación hará público un comunicado en el que se propone la incorporación de la metodología del Consensus Parental y solicitará, a través del Congreso de los Diputados, una enmienda concreta a la ley que refuerce la protección del interés superior del menor. "No se trata" —destacó la magistrada— "de evitar un pleito por razones de eficiencia, sino de prevenir el daño que los procesos largos y altamente conflictivos causan a los hijos."

Finalmente, desde GEMME España se hizo un llamamiento a la unión de todas las personas y entidades que creen en la mediación, anunciando que la asociación liderará un comunicado abierto a adhesiones para reclamar mejoras normativas puntuales que refuercen la mediación, sin desandar los avances ya conseguidos ni cuestionar el marco general de la ley.

La jornada continuó con diversas mesas redondas en las que se abordaron los nuevos escenarios abiertos por la L.O. 1/2025 desde perspectivas académicas, profesionales e institucionales, coincidiendo en la necesidad de disponer de datos fiables, reforzar la coordinación entre operadores jurídicos y consolidar un cambio cultural que sitúe el diálogo, la corresponsabilidad y el acuerdo en el centro de la resolución de conflictos.

La jornada fue clausurada con la intervención de Carles Garcia Roqueta, Secretario y Responsable de ADR de la Junta de Gobierno del ICAB. Desde GEMME España queremos felicitar expresamente a la Sección de ADR del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona por la excelente organización del acto y por la notable asistencia registrada, incluso en una jornada marcada por la intensa lluvia en la ciudad. Un cierre que puso de manifiesto el interés creciente y el compromiso del sector jurídico con la mediación y los métodos adecuados de solución de controversias.

Artículo de opinión de José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado jubilado y Exvicepresidente de GEMME ESPAÑA.

Foto de Francis Silva para ABC.

La publicación de la LO 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia supone el último intento de mejorar una administración de justicia cuya valoración social es sistemáticamente calificada de muy negativa. Además de los habituales cambios organizativos y procesales, esta ley se distingue de otras anteriores promulgadas con la misma finalidad en que apuesta por un cambio profundo de la cultura del litigio, al introducir los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias.

Bajo la denominación abreviada de MASC se incluyen un conjunto de metodologías como la negociación directa o por medio de letrados, la mediación, la conciliación, la opinión neutral de experto, la oferta vinculante confidencial y las prácticas de derecho colaborativo, cuya finalidad es que las partes inmersas en un conflicto o litigio puedan “gestionar” sus discrepancias sin necesidad de la intervención decisoria de un/a juez/a, o limitando esta a aspectos puramente formales. Es decir, se trata de fomentar la autocomposición de los conflictos y litigios por las propias partes interesadas, frente a la solución “impositiva” que supone la intervención judicial y el dictado de una sentencia, y ello mediante el dialogo y la negociación de los propios protagonistas de la controversia, bien directamente entre ellos, bien con la ayuda de un tercero neutral (mediador, conciliador, experto).

De entrada, ha de reconocerse que el legislador ha apostado en esta ocasión por algo más que por meras reformas procesales para agilizar unos litigios excesivamente formalistas, pues pretende que todos los operadores jurídicos (jueces, letrados, fiscales, procuradores, funcionarios) asuman “otra forma” de hacer justicia, primando la autorresponsabilidad de las partes y sus abogados en la forma de poner fin al conflicto. Para ello no solo establece que tales métodos serán requisito previo para poder iniciar un proceso judicial, sino que favorece esa “nueva justicia” con beneficios económicos para los litigantes que la utilicen.

La justicia tradicional se ha caracterizado porque los litigantes delegan en abogados y jueces la gestión de cualquier conflicto, incentivándose así un acceso indiscriminado a los tribunales de todos los conflictos, sin ningún tipo de filtro, desde los más nimios a los más complejos, lo que ha llevado al colapso de facto del sistema judicial; además, todo el sistema pivota sobre un proceso confrontativo con una liturgia procesal basada en la negativización del contrario que dificulta cualquier acuerdo y que, muchas veces, incrementa el propio conflicto, finalizando con una sentencia “de mazo” que frecuentemente deja insatisfechas a ambas partes.

Frente a ese sistema esquemáticamente descrito, la nueva propuesta pretende que sean los propios ciudadanos quienes asuman, al menos inicialmente, el protagonismo en la solución de sus conflictos, pues ello contribuirá a mejorar la convivencia y la paz social, además de fomentar una cultura del diálogo y el consenso, algo muy necesario en los tiempos que corren. Igualmente, contribuirá a descargar juzgados y tribunales de muchos asuntos que pueden tener una solución mejor mediante la negociación y el acuerdo que con una sentencia, favoreciendo una justicia más eficaz y económica que la tradicional. Finalmente, trata de impulsar que los jueces y juezas puedan “animar” a las partes a que concilien sus discrepancias, buscando alternativas al “todo o nada” en que muchas veces consisten los pleitos sentenciados. En definitiva, que se asuma por todos los operadores jurídicos que negociar, mediar, conciliar o colaborar es también una forma de “hacer” justicia.

Dicho lo anterior, cualquier mediador que comparta esas consideraciones ha de sentir una cierta satisfacción profesional, pues las premisas sobre las que se sustenta la LO 1/2025 en relación a los MASC son las mismas que se recogen en la Exposición de Motivos de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y son, también, las que han servido para impulsar, con mayor o menor fortuna, la mediación conectada con los tribunales durante los últimos 20 años en nuestro país.

En ese sentido, los múltiples esfuerzos -teóricos y prácticos- realizados durante ese tiempo por mediadores, por las instituciones que los agrupan como GEMME ESPAÑA y por algunos operadores jurídicos (jueces/zas, letrados/as) han contribuido, indiscutiblemente, a sentar las bases de un reconocimiento mayor de esa “otra justicia” que inicialmente representó la mediación y ahora encarnarían los MASC.

Esa identidad en los fundamentos de la mediación y los MASC se aprecia claramente en las exposiciones de motivos de las Leyes 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En efecto, en la primer de tales normas se recoge que la mediación “… contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad de las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia”.

Por su parte la Ley de eficiencia procesal señala que “… se trata de potenciar la negociación entre las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y pueden ser igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil”. Como vemos, la justificación de la introducción de la mediación y de los MASC en el ordenamiento jurídico es la misma: primar la autocomposición de los conflictos, favorecer el diálogo y la negociación como forma de gestionarlos, atribuir a los tribunales una función de “segundo escalón” en caso de que la autogestión no de resultado y contribuir a rebajar la sobrecarga de trabajo de los tribunales.

Es cierto que en la LO 1/2025 la mediación, aunque con matices, ha sido igualada a otros medios en el abordaje preprocesal del conflicto, quedando un tanto diluida en ese totum revolutum de los MASC, no habiéndose reconocido la singularidad de su metodología y la cualificación de sus profesionales, especialmente adecuadas para la intervención en determinados conflictos con altos componentes emocionales. Ya en la fase prelegislativa, entidades como GEMME ESPAÑA plantearon que la mediación fuese el MASC “preceptivo”, por considerarse el más adecuado, en determinados conflictos -rupturas de pareja, sucesiones, vecinales, de empresas familiares-, petición que no ha sido atendida, optándose por un trato jurídicamente casi indiferenciado de los distintos MASC sin reconocer las especialidades de la mediación.

Pese a ello, considero que el mediador debe acercarse a los MASC de la Ley 1/2025 con clara actitud positiva, pues además de ver reconocido gran parte de su trabajo, los nuevos medios de solución de controversias abren perspectivas inéditas hasta ahora. En efecto y como hemos dicho, en primer lugar, plantean un cambio cultural profundo en la forma de abordar los litigios al convertir los MASC en requisito de procedibilidad y, en segundo lugar, se incentiva económicamente su uso; dos pasos que en la implantación de la mediación no se consiguieron alcanzar.

De otro lado, y a la espera de la regulación definitiva de la figura del “tercero neutral” que se menciona en la Disposición Final 30ª de la ley, parece claro que, actualmente, es el mediador quien más se acerca a esa figura polivalente, tal y como reconoce dicha DF al establecer que, transitoriamente, el estatuto de la tercera persona neutral se regirá por el estatuto personal del mediador previsto en la Ley 5/20212 de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Por tanto, la nueva ley, en cuanto aborda, por primera vez, otra forma de justicia como solución al colapso existente ha de ser recibida con cierta ilusión por los mediadores y por quienes creemos que otra forma de “hacer” justicia es posible. Ahora bien, ese optimismo de entrada no nos puede llevar a olvidar que estamos ante un cambio cultural de gran magnitud en el ámbito jurídico. Baste un ejemplo: en el temario de oposiciones de jueces, fiscales y LAJ se define como “forma anormal” de terminación del proceso la transacción, es decir, se transmite el mensaje a los futuros operadores judiciales de que alcanzar acuerdos dentro del proceso es algo patológico, dado que la forma “normal” de concluirlo debe ser una sentencia. Por el contrario, la LO 1/2025, y su precedente la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, tal y como se recoge en sus exposiciones de motivos que hemos transcrito, tratan de que lo normal, o al menos lo deseable, sea que el proceso confrontativo y la sentencia que lo dirime sean el último recurso para resolver un conflicto, siendo preferible que la solución a la controversia la alcancen las propias partes negociando directamente, con asistencia de sus abogados habitualmente, o por medio de la colaboración de un tercero neutral o “facilitador” de la negociación. Solo la comparación de ambos planteamientos da idea de la profundidad e importancia del cambio cultural que se plantea a partir de la ley que comentamos.

Y sentado que estamos ante un cambio de cultura no solo jurídica, sino también social -menos confrontación y más diálogo nos está sugiriendo a todos el legislador- hemos de ser cautos en cuanto a los resultados inmediatos de esta propuesta, pues, como todo cambio cultural, no será fácil, ni rápido, ni será suficiente con el BOE como instrumento para llevarlo a efecto. Por el contrario, será imprescindible la “interiorización” por todos los operadores jurídicos y por la ciudadanía del nuevo paradigma en la forma de abordar los conflictos, asumiendo que no toda solución de los mismos debe pasar por un tribunal, pues resulta más eficiente una justicia “multipuertas” en la que junto con la sentencia “de mazo” convivan otras formas de abordar las discrepancias legales. Desde esa perspectiva de cambio profundo, resulta muy interesante la apuesta que se hace en la ley por involucrar en esa nueva mirada a las Universidades y a todas aquellas instituciones (Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, CGPJ, Colegios Profesionales) que tienen algún tipo de competencia e implicación en la formación de los juristas, en la gestión de litigios y en el sistema judicial, pues solo desde una implicación plural se conseguirá que la solución de los conflictos por los interesados, frente a la hiperjudicialización que padecemos, pase a formar parte de la cultura social y jurisdiccional. Será el grado de asunción por los operadores jurídicos de las nuevas metodologías lo que hará que triunfe esta nueva forma de alcanzar la justicia o, en su defecto, que continuemos con el viejo sistema jurídico/legal confrontativo que tan pobres resultados termina dando a los litigantes.

Y para concluir, una reflexión general, pero no menos importante para apostar fuerte por los MASC: Dados los tiempos que corren a nivel mundial, en los que, como en las cavernas, vuelve el paradigma de la resolución por la fuerza de los conflictos -el ganador se lo lleva todo y el perdedor queda vencido y humillado- esta otra forma de justicia basada en el diálogo, en la colaboración y en el pacto debería ser no solo una forma de mejorar nuestra maltrecha administración de justicia, sino también seña de la identidad europea y del tipo de convivencia que deseamos. En cómo se resuelva socialmente la dicotomía ante la discrepancia, “imposición” versus dialogo colaborativo, nos va buena parte de nuestra supervivencia como sociedad libre y abierta en la que merecerá la pena que vivan nuestros hijos.

Empezamos 2025 con una gran noticia. Hoy viernes, 3 de enero, el Boletín Oficial del Estado publica la tan esperada Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma marca un momento clave para el pretendido avance de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en nuestro país, entre ellos la mediación. Y este es, precisamente, el principal objetivo de nuestra asociación.

La Ley Orgánica 1/2025 introduce medidas destinadas a optimizar el funcionamiento del sistema judicial español, promoviendo la resolución de conflictos a través de vías alternativas al litigio. Desde GEMME España, esperamos que la aprobación de esta norma abra la puerta a una justicia más accesible, eficiente y dialogante.

En muchos países europeos, los MASC han demostrado ser herramientas eficaces para descongestionar los tribunales y fomentar soluciones amistosas, ahorrando tiempo, recursos y, sobre todo, desgaste emocional para las partes en conflicto. Esta ley intenta dar un paso para que España avance hacia un modelo judicial más alineado con estas prácticas.

El verdadero reto: pasar del papel a la práctica

Como toda norma, su éxito dependerá de cómo se implemente y de cómo los actores del sistema judicial adopten este cambio. Una ley que fomente la mediación no tendrá impacto si se percibe como un simple requisito más que cumplir antes de acudir a los tribunales. Para que esta ley sea realmente efectiva, es imprescindible un cambio de mentalidad en todos los agentes implicados.

Particularmente, el papel de los abogados será crucial. Los letrados son a menudo el primer contacto de las personas en conflicto, y sus recomendaciones guían las decisiones de sus clientes. Por ello, es vital que los abogados no solo conozcan los beneficios de los MASC, sino que también confíen en ellos y los promuevan como una opción viable y deseable. Además, los jueces y magistrados deben desempeñar un papel activo en la derivación de casos hacia estas vías, ya sean alternativas o complementarias.

¿Qué hemos aprendido de la experiencia europea?

En países como Alemania, Francia o Bélgica, los MASC no son la excepción, sino la regla. Estos sistemas han demostrado que, antes de llevar un caso a los tribunales, la resolución amistosa no solo es posible, sino también preferible en la mayoría de los casos. Este modelo no solo reduce el volumen de litigios, sino que también fomenta una cultura de colaboración y confianza en el sistema judicial.

En España, esta transición cultural está aún en sus primeras etapas. La Ley Orgánica 1/2025 puede ofrecer la estructura necesaria para fomentar este cambio, pero requiere una real implicación institucional junto con el compromiso activo de abogados, jueces, mediadores y otros profesionales de la justicia para hacer que el modelo funcione.

Una oportunidad para crecer y mejorar

En GEMME España, consideramos que esta ley supone una oportunidad para crecer como sociedad. Si se implementa de manera adecuada y se introducen mejoras en el sistema, podrá democratizar el acceso a la justicia, aliviar la carga de los tribunales y ofrecer soluciones más humanas y satisfactorias para los ciudadanos.
Nuestro compromiso con la mediación como vía de resolución de conflictos sigue por ello más firme que nunca.

En esta nueva etapa, redoblaremos esfuerzos para informar y sensibilizar a todos los agentes del sistema judicial, asegurándonos de que esta norma de eficiencia procesal se traduzca en un cambio real y positivo.
El éxito de esta norma dependerá, en última instancia, de la colaboración de todos los implicados. Hagamos que este cambio sea una realidad.

Desde GEMME España, seguimos más comprometidos que nunca con nuestra misión: promover una justicia más accesible, ágil y dialogante a través de la mediación.

Esta ley es un paso, pero el verdadero trabajo continúa. ¡Sigamos construyendo juntos una justicia mejor!

El pasado jueves 27 de octubre una representación de GEMME España mantuvo una reunión en el senado con el objetivo de trasladar a los legisladores su visión de cómo mejorar la Ley de Eficiencia Procesal. Este artículo es un breve resumen del encuentro, que tuvo una duración de hora y media y resultó sumamente provechoso.

La nueva Junta Directiva de GEMME España, elegida en la asamblea del pasado mes de junio, se fijó como uno de sus objetivos prioritarios promover reformas legales e incidir en las que estaban en trámite en defensa de la mediación y otros métodos de resolución de conflictos y de la justicia restaurativa.

La Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia es de especial relevancia para el impulso de la mediación en España y por eso la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación creó un grupo de trabajo para consolidar sus aportaciones al Anteproyecto presentado por el Gobierno que presentó en febrero de 2021. (Más información sobre el documento consolidado)  Ahora, los representantes de GEMME trasladan sus principales propuestas de mejora a los senadores con el objetivo de que sean incorporadas a la futura legislación.

Tras presentar a GEMME España y su trayectoria en defensa de la mediación, de la cultura de la paz y el diálogo, expusieron a los Senadores las valoraciones sobre la situación de la Administración de Justicia, la necesidad de mejora del servicio público de justicia y los riesgos que se vislumbran con la Ley de Eficiencia Procesal que actualmente está tramitándose en el Congreso de los Diputados.

En concreto, desde GEMME se transmitió la preocupación de que la nueva Ley no aporte cambios significativos en los procesos judiciales y que los MASC (Métodos Adecuados de Solución de Controversias) recogidos en el proyecto de ley se conviertan en un mero trámite previo a la interposición de la demanda, sin que los ciudadanos y los operadores jurídicos asuman la necesidad de evitar los litigios que pueden ser resueltos con el diálogo entre las partes, con la ayuda de mediadores o profesionales debidamente formados.

Por otra parte, GEMME expuso la necesidad de aprovechar el proyecto de ley de eficiencia procesal para incluir una regulación de justicia restaurativa en nuestra ley procesal penal. Se expuso la escasa implementación del Estatuto de la Víctima que establece de forma obligatoria que la administración debe ofrecer a todas las víctimas espacios restaurativos con garantías y control judicial y fiscal.

Estos fueron los principales mensajes de los representantes de GEMME:

1. Todos los MASC no son iguales y, por lo tanto, no se pueden mezclar. No es lo mismo una conciliación, que la opinión del experto o la oferta vinculante, por citar algunos de ellos. Son metodologías que hay que considerar y legislar de forma separada.
2. De todos los MASC, el más importante es la mediación, y debería tener mayor protagonismo y tratarse de forma independiente a los demás (para lo cual GEMME se comprometió a trasladar un informe al congreso y al Ministerio para que sus recomendaciones se incorporen a Ley).
3. Sería necesario incluir la mediación también en los procedimientos de apelación y de casación ante el Tribunal Supremo. En este punto, GEMME recordó que precisamente su fundador a nivel Europeo en 2003 fue el magistrado Guy Canivet, por entonces presidente del Tribunal Supremo francés, con el objetivo de impulsar la mediación en la corte de casación.
4. No se debe excluir la mediación en el ámbito contencioso administrativo, ya que la experiencia nos ha demostrado que cuando están involucrados servicios públicos o Administraciones Públicas, la mediación sigue siendo muy útil y de gran ayuda para alcanzar solución extrajudicial a los conflictos.
5. En cuanto a la Derivación a Mediación por parte de los jueces y magistrados, la visión de GEMME es que para derivar no debería ser necesario preguntar previamente a las partes (como establece el proyecto de Ley). Tampoco debe ser obligatoria. La derivación debe ser una prerrogativa de los jueces, quienes después de derivar, deberán observar el comportamiento de las partes. Y de nuevo, este es un aspecto en el que la práctica ha demostrado el camino correcto.

Los Senadores, atentos en todo momento a la exposición de los representantes de GEMME, formularon diversas preguntas en relación a las necesidades expuestas, especialmente en relación a la justicia restaurativa y a las propuestas de reformas del proyecto entre ellas la supresión de las limitaciones a la derivación judicial en cualquier fase del procedimiento, específicamente en segunda instancia, la admisión de la mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativo dados los resultados constatados en diversas experiencia que se desarrollan actualmente en este ámbito.

Los Senadores coincidieron con GEMME en las diversas propuestas planteadas y solicitaron la emisión de informes en relación al proyecto de Ley de Eficiencia Procesal y de justicia restaurativa a fin de tomar conocimiento formal de sus recomendaciones.

Relación de asistentes a la reunión:

En representación de GEMME España asistieron a la reunión

Carme Guil Román - Presidenta y magistrada de lo penal en la Audiencia Provincial de Barcelona

Juan Francisco Mejías Gómez - Vicepresidente Institucional y magistrado en el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia

Silvia Hinojal López- Tesorera y abogada mediadora.

En cuanto a la representación del Senado, es la que se incluye a continuación:

• Joan Lerma Blasco - Presidente
• Paloma Alonso Sahagún - Vicepresidenta Primera
• Sara María Galván Lobato - Secretaria Primera
• Portavoces:
  Laura Castel Fort - Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
  Josep Maria Cervera Pinart - Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario
  María Isabel Vaquero Montero - Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (sustituye al portavoz)
  Francisco Javier Ariza - Grupo Parlamentario Socialista (sustituye al portavoz)
  Fernando de Rosa Torner - Grupo Parlamentario Popular
  Clemente Sánchez-Garnica Gómez - Grupo Parlamentario Mixto
• Viceportavoz:
  Pau Furriol Fornells - Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu

El plazo para que tu aportación se integre en el documento consolidado que presentará GEMME España finaliza la medianoche del 11 de marzo.

La Generalitat de Catalunya aborda la elaboración de una ley única que integre el régimen jurídico y el procedimiento de las administraciones públicas catalanas. En este momento, el Anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública. Memoria preliminar del Anteproyecto que es el documento que se propone a consulta.

GEMME tiene previsto presentar propuestas, en particular en los aspectos que atañen a la terminación convencional del procedimiento, los mecanismos sustitutivos o alternativos de los recursos administrativos ordinarios y, en especial, la mediación administrativa.

GEMME España tiene previsto presentar un documento consolidado con todas las aportaciones de sus socios y nos gustaría mucho contar con tu aportación, que puedes enviar fácilmente a través del siguiente formulario antes del 11 de marzo de 2022 a las 23:00h.

¡Tu aportación es muy importante! ¡Muchas gracias por anticipado!

La sección española de GEMME presenta un documento que consolida los aportes de sus socios al Anteproyecto de Ley del Deporte, dentro del plazo convocado por el Ministerio de Cultura y Deporte para tal fin.

Tal como recoge el Anteproyecto en su preámbulo, “el deporte se ha consolidado como una actividad esencial para los españoles que precisa la atención y protección de los poderes públicos.” Este mismo texto hace hincapié en los valores que son consustanciales a la actividad deportiva, entendiéndose, con una interpretación global del citado Anteproyecto, que priman los principios igualdad y desarrollo pacífico del deporte.

Desde esta perspectiva, y con el objetivo de impulsar la mediación también en el ámbito deportivo, los socios de GEMME España hacen 18 propuestas que se recogen de forma consolidada en el documento presentado, y que puede consultarse aquí.  Son todas ellas propuestas que se realizan para mejorar el texto de la futura ley y con ánimo constructivo.

Y es que atendiendo a la tipología de los conflictos del ámbito deportivo, muchos serían susceptibles de gestión y resolución a través de la mediación, tanto por razón de la materia como por los agentes y operadores implicados, incluidos los conflictos interadministrativos, en los que la mediación posibilitaría el desarrollo de un sistema deportivo coordinado con el conjunto de las Administraciones Públicas.

Desde GEMME España creemos decididamente que el desarrollo de la mediación y la gestión pacífica de conflictos en la práctica deportiva puede ser un valioso instrumento de prevención y erradicación de la violencia en este ámbito.

Crónica del webinar organizado por el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga  celebrado esta tarde y que ha consistido en una ponencia magistral de la presidenta de GEMME, Rosalía Fernández Alaya, que ejerce como magistrada en Canarias.

El motivo de esta jornada era la presentación y análisis del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que el Consejo de Ministros aprobó en enero pasado. Durante su introducción, el anfitrión ha reconocido que: “En numerosas ocasiones las sentencias dan solución al conflicto jurídico, pero no al emocional. La mediación puede solventar esta carencia”.

La intervención de Rosalía Fernández ha sido especialmente interesante y ha comenzado agradeciendo la cooperación demostrada por el Ilustre Colegios de Abogados de Málaga y asegurando que “cooperar es lo que hace posible avanzar a la sociedad”.

La magistrada Fernández Alaya a dado comienzo al análisis del anteproyecto afirmando que los MASC no son una “alternativa” al proceso judicial, lo que los convertiría en una solución de menos valor, sino que más bien constituyen vías distintas al procedimiento judicial, preferibles, porque pueden aportar una mejor metodología y sobre todo una mejor solución. En este sentido, le ha parecido muy acertado que la A de MASC se refiera a “Adecuados” en lugar de “Alternativos”. Así, MASC es el acrónimo de Medios Adecuados de Solución de Controversias.

Si partimos de la consideración de que la Administración de Justicia es un Servicio Público, y por lo tanto está orientado a prestar un servicio a la ciudadanía, nos damos cuenta de que nuestro sistema tiene carencias. Y ello sumado a que la tasa de litigiosidad española es de las más altas de Europa y el promedio de jueces por habitante uno de los más bajos, se hace evidente que necesitamos un cambio de paradigma.

Para la magistrada, el derecho a la justicia va mucho más allá de obtener una resolución judicial. La justicia debe ser eficiente, eficaz y sostenible, y esto es, precisamente, lo que se propone este anteproyecto.

“Para analizarlo – ha dicho Dña. Rosalía- “es importante diferenciar entre conflicto y litigio. Porque no todo conflicto debe acabar en litigio (proceso judicial). Esta distinción es fundamental para abordar los MASC. Como abogados hay que saber distinguir entre estas dos situaciones, para ayudar mejor a las personas.”

Tras pasar revista a las referencias normativas que afectan los MASC y sus tipologías (mediación, conciliación, negociación ya sea directa o a través de abogados, oferta vinculante, actividad negocial no tipificada y opinión neutral de un experto independiente) la presidenta de GEMME ha abordado las cuestiones de procedimiento: iniciativa, asistencia letrada, efectos, posibles actuaciones y terminación.

Ha sido una sesión muy animada y participativa, con numerosas preguntas por parte de los asistentes y otros tantos agradecimientos y  felicitaciones.

Conclusiones

A modo de conclusión, la ponente ha reconocido que:

• La incorporación de los MASC es positiva, pero siempre que no se vincule únicamente a una solución coyuntural o como solución puntual a las deficiencias del sistema (que en su opinión deberían solventarse añadiendo recursos económicos y humanos).
• El elenco de posibilidades que propone el Anteproyecto, supone tanto un reto como una oportunidad para los profesionales de la abogacía, que 1) deben formarse en gestión de conflictos y 2) podrán ofrecer a sus clientes cualquiera de estos métodos para cumplir el requisito de procedibilidad.

Se trata de un anteproyecto ambicioso que nos atañe a todos, tanto jueces como abogados y que pretende la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de la justicia. Pero este objetivo solo podrá obtenerse gracias a un adecuado equilibrio entre los MASC y el procedimiento judicial. No solo como alternativa, sino como adecuación o idoneidad y complemento al proceso judicial.

El pasado 23 de abril el gobierno autonómico valenciano aprobó el reglamento de mediación de la Comunidad valenciana, que desarrolla la ley valenciana de mediación, aprobada en 2018 por les Corts Valencianes, que es el parlamento autonómico. Mediación gratuita, mediación por medios telemáticos y formación de los mediadores son algunos de los principales aspectos que contempla el nuevo reglamento.

Ese reglamento supone un avance en el desarrollo normativo de la mediación y viene acompañado de la creación del Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana, y da continuidad a organismos que ya habían sido creados para el progreso de la mediación, como el SOM (Servicio de Orientación a la Mediación), que se ubica en las Ciudades de la Justicia de Valencia, Castellón y Alicante.

El reglamento prevé la mediación gratuita en aquellos supuestos en los que se pueda obtener la asistencia jurídica gratuita, y también en los casos de personas discapacitadas o que hayan sido víctimas de delitos, con independencia de su situación económica. Estas medidas son, sin duda, un acierto en relación al avance de la mediación.

También se regula la mediación por medios telemáticos, lo cual dará solución a la mediación a distancia, o entre personas que vivan en diferentes lugares, o aquellas en que, por cualquier razón, no sea adecuado que se vean presencialmente, y también permite la mediación en situaciones de pandemia, como en la que ahora nos encontramos.

Se regula igualmente la formación de los mediadores que pretendan su inscripción en el registro de mediadores. La formación de los mediadores es la piedra angular para que la mediación avance, no obstante también puede resultar un elemento de fracaso del sistema si no se implementa adecuadamente. Por ello debe hacerse hincapié en que la formación debe ser realizada por quien ostente experiencia y compromiso con la mediación, sin que pueda desperdiciarse una gran oportunidad para dotar de una adecuada formación práctica a los mediadores. La clave para que se produzcan derivaciones por parte de los tribunales y para que la utilicen los ciudadanos y confíen en ella pivota sobre que realmente se realice por personal debidamente formado. También se termina de crear la infraestructura administrativa que debe dotar del soporte adecuado para que pueda despegar el uso de la mediación.

En definitiva, ya tenemos el derecho vigente, ahora falta el derecho viviente, es decir, que los tribunales y los ciudadanos confíen en la mediación y se decidan a utilizarla.

Texto del Reglamento 50/2021, de 23 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento de mediación de la Comunitat Valenciana (2021/4117).

Artículo redactado por Juan Francisco Mejías Gómez. Magistrado. Vicepresidente Institucional de GEMME España.

La magistrada y presidenta de GEMME, Rosalía Fernández Alaya, ha sido invitada por la Secretaría General del Parlamento de Canarias para comparecer como experta ante la Comisión de estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Esta sesión fue celebrada el pasado 19 de abril a las 10:00h.

Durante su comparecencia, la magistrada puso de manifiesto la necesidad de procurar a los niños y adolescentes un ambiente adecuado en el que puedan desarrollar una personalidad sana. En este sentido, ha hablado de los contextos socializadores como son la familia y la escuela, resaltando el papel trascendental que juega la familia en este desarrollo. Seguidamente ha presentado las estadísticas del CGPJ en el ámbito de familia, así como el marco normativo nacional e internacional sobre infancia y adolescencia.

Posteriormente, los representantes de los distintos grupos políticos han intervenido para hacer preguntas o pedir explicaciones adicionales a la información presentada por la sra. Fernández Alaya.

La presidenta de GEMME ha aprovechado la oportunidad para introducir el enfoque de la Justicia Terapéutica ya que: “significa ir más allá del reconocimiento de derechos o la protección y analizar, a priori, cómo afectará la regulación legal en la salud física y emocional de niños y adolescentes en su desarrollo cognitivo y social, para legislar de modo que se minimicen las consecuencias negativas (antiterapéuticas) y, al mismo tiempo, se promueva su bienestar y el adecuado desarrollo que su personalidad necesita, para ayudarlos a convertirse en adultos sanos y resilientes, integrados en la sociedad. La perspectiva de Justicia Terapéutica puede transformar factores de riesgo en factores de protección y crecimiento, haciendo a niños y adolescentes más fuertes como personas y capaces de afrontar con éxito las situaciones conflictivas o los obstáculos que se le presenten en la vida.”

La propuesta tuvo una excelente acogida y será incluida en el informe de la comisión parlamentaria. Así, Canarias puede ser pionera en una legislación de Atención Integral a las personas menores de edad con enfoque de infancia y perspectiva de Justicia Terapéutica.

Si quieres ver la sesión, puedes visualizar la grabación de la sesión completa (a partir del minuto 56 empieza la comparecencia de Rosalía Fernández Alaya).

"Para lograr una justicia eficaz, eficiente y sostenible, deben conjugarse los distintos métodos de solución de controversias sin confundir conceptos y finalidad. El texto del Anteproyecto podría mejorarse regulando con claridad la mediación intrajudicial/intraprocesal." son las principales consideraciones finales del documento presentado al Ministerio de Justicia.

A finales de 2020 el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, introduciendo el término MASC (Medios Adecuados a la Solución de Controversias). Posteriormente, el Ministerio de Justicia declaró abiertos los trámites de consulta pública para realizar aportaciones al proyecto de Ley, que tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

Por su incidencia directa en el uso de estos MASC entre los que se incluye la Mediación, GEMME España ha querido hacer sus aportaciones de forma consolidada, como asociación de magistrados que tiene por objetivo principal el impulso de la mediación en el ámbito judicial.

Los socios de GEMME España han participado enviando sus propuestas por una doble vía: a través del formulario web puesto a disposición de los socios y a través del correo electrónico de la vocalía que ostentamos en el Foro para la Mediación, desde donde además, se ha pedido convocatoria de reunión del Foro para compartir aportes de las asociaciones representadas en su seno y para debatir en profundidad las propuestas respectivas.

El documento resultante adopta la siguiente estructura:

1. Antecedentes
2. Valoración general del anteproyecto
3. Propuestas
   1. Sobre la exposición de motivos
   2. Sobre el articulado
4. Consideraciones finales

El apartado de propuestas sobre el articulado es el más extenso del documento y el que aporta mejoras concretas al Anteproyecto de Ley. El último párrafo del documento confirma el compromiso de nuestra asociación: "GEMME España continuará trabajando para, en su caso, ampliar y mejorar esta propuesta. Ofrece máxima colaboración y lealtad institucional a los efectos de contribuir al cambio de paradigma en función del Derecho que precisa de forma ineludible nuestra sociedad."

Descargar el texto íntegro del documento de Aportes de GEMME España al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

Agradecimientos. Deseamos agradecer su dedicación e intenso trabajo al grupo que ha hecho posible este documento (por orden alfabético de apellido): María Avilés Navarro, Luis Miguel Blanco Dominguez, Thelma Butts, Nuria Calvo Boizas, Carles García Roqueta, Luis Aurelio González Martin, Ansel Guillamat Rubio, Laura Hernández Perera, María Dolores Hernández Gutiérrez, Silvia Hinojal López, Ana Móner Romero, Maria Ángeles Peña Yánez, Amparo Quintana García, José Luis Utrera Gutiérrez y Javier Wilhelm Wainsztein. También por los aportes y sugerencias de las demás personas que han participado en el proceso interno abierto ad hoc. Muchas gracias por vuestro apoyo e implicación.