El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, ha presentado un proyecto de justicia restaurativa que se pondrá en marcha a principios de abril en cuatro de las secciones del tribunal madrileño, con el objeto de impulsar la mediación penal y la justicia de reparación del daño a las víctimas y perjudicados sin necesidad de llegar a juicio.
Según se recoge en el protocolo de implementación del proyecto, un equipo formado inicialmente por diez mediadores de la Fundación Signum iniciará su trabajo en una oficina habilitada para ello en el mismo edificio.
Está previsto que el proyecto de mediación se desarrolle inicialmente durante un año y se aplique en los casos con más posibilidades de éxito, que son los delitos económicos (estafas y apropiaciones indebidas) y el delito de lesiones con deformidad. No obstante, también se contempla la posibilidad de abrir esta opción procesal a otros supuestos penales.
La experiencia se pondrá en marcha en cuatro de las quince secciones penales del tribunal madrileño; en concreto serán las secciones 7ª, 15ª, 17ª y 29ª las que inicien el programa. La Presidencia del Tribunal prevé que se trabajará sobre una estimación de entre 100 y 120 asuntos. Los impulsores del proyecto esperan obtener conclusiones significativas y relevantes, ya que el número de expedientes es importante, así como su trascendencia en material penal.
El proyecto de mediación penal en la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a gestarse hace más de un año. Esta ambiciosa iniciativa se ha visto respaldada en su gestación por el CGPJ, con la responsable del Servicio de Mediación y miembro de GEMME, Ana María Carrascosa al frente; por la Fiscalía de la Audiencia madrileña, y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
La mediación penal ya se aplica con éxito en el País Vasco y Cataluña y, aunque en los juzgados de instrucción y de lo Penal de la capital también se ha puesto en práctica, principalmente a instancias de la Fiscalía, no se ha hecho con el empuje que esta eficaz herramienta procesal requiere.
Todos los participantes, ponentes y asistentes, coincidieron, con carácter general y a modo de conclusión, en la necesidad de incorporar de forma paulatina la mediación penal en las administración de justicia madrileña, venciendo las resistencias lógicas a que debe hacer frente todo proceder novedoso y articulando una “cultura de la mediación” que suponga un avance para profesionales y ciudadanos.
Por ejemplo, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid y miembro de GEMME, Rosa Freire, quien ha tutelado numerosos acuerdos de mediación, apostó decididamente por esta figura para facilitar “un cambio de mirada” de la administración de justicia y destacó los elevados índices de satisfacción de los usuarios del servicio, así como el importante número de acuerdos alcanzados, que se estima entre un setenta y un ochenta por ciento del total.
