Ideas inspiradoras de la sesión “La administración de Justicia, el cambio no puede esperar” del VI congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto.

La semana pasada tuvo lugar en Barcelona el VI Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto organizado por CUEMYC y UPF Barcelona School of Management. Fueron dos jornadas intensas en las que se habló de Metodologías restaurativas para la convivencia, de La Mediación como agente de bienestar, de Proyectos profesionales en Mediación, de La Mediación en la Universidad, de Innovaciones en políticas públicas, de Mediación y Justicia e incluso tuvo lugar un Seminario avanzado en alta especialización en solución de conflictos.

GEMME participó en la sesión “La administración de Justicia, el cambio no puede esperar”, que tuvo lugar el viernes por la tarde. Carme Guil, Magistrada de la sección Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona y Vicepresidenta de GEMME España, fue la coordinadora de la mesa y por su parte, Rosalía Fernández, Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y presidenta de GEMME, actuó como ponente. También participaron Montserrat Raga Marimó, Magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo nº5 de Barcelona y Pablo Molina, abogado especialista en conflictos urbanísticos.

Los ponentes reflexionaron sobre la actual situación de la justicia tras la pandemia, poniendo algunas inspiradoras ideas sobre la mesa, entre las más destacadas:

- Nuestro sistema judicial es obsoleto. No es eficaz, eficiente ni sostenible.

-La tasa de litigiosidad para determinados asuntos va en aumento  -ya desde antes de la pandemia- revelando la tensión social existente en nuestro país y la polarización de la ciudadanía.

-La congestión en los tribunales se ha agravado con la pandemia por la paralización durante meses de la actividad judicial.

-Con independencia de la tasa de resolución, la Justicia en nuestro país no satisface, y no da siempre respuesta a las necesidades de las personas.

-Los jueces estamos llamados a pacificar la sociedad y acercarnos a la ciudadanía. El sistema no lo permite, porque es muy difícil otorgar una justicia de calidad. Debemos buscar soluciones, ofrecer herramientas adecuadas que permitan a las personas expresar sus necesidades, ser escuchadas, resolver sus propios conflictos sin acudir a la vía judicial siempre que sea posible (o como complemento).

-Hay que redefinir la función del Derecho y de las profesiones jurídicas. Encontrar el equilibrio entre mediación/ADRs y proceso judicial. Intentar minimizar el impacto negativo que los procesos judiciales generan en las personas. Además de abordar reformas estructurales ineludibles.

-La mediación es una valiosa herramienta de prevención. Debe inculcarse la cultura del diálogo desde la infancia e incluir en los currículos universitarios formación en gestión de conflictos. Pero no cabe excusar que, si la mediación no avanza, es solo porque no se conoce. El ejemplo debe darse desde las propias instituciones.

-Para romper la dinámica confrontativa sería muy útil la obligatoriedad de acudir al menos a una sesión informativa previa a la vía judicial y cuando se derive desde tribunales. Nunca se debe forzar que se continúe con mediación o que se alcance un acuerdo, esto va en contra de la esencia de la mediación.

“La justicia penal es la más injusta de todas, ya que en ella se produce un alto nivel de sufrimiento para las víctimas, sus familias y las personas investigadas y acusadas. La pandemia ha supuesto un aumento de este dolor, al retrasar las investigaciones y los enjuiciamientos. las víctimas continúan sin recibir la asistencia que tanto las directivas europeas como el Estatuto de la víctima establecen. La respuesta judicial al delito deja insatisfechas a las víctimas y a la sociedad” afirmó la magistrada Carme Guil.

Para terminar, se planteó la siguiente pregunta: Si despertáramos mañana con la administración de justicia que nos gustaría ¿cómo sería? Los participantes estuvieron de acuerdo en que sería una justicia más próxima al ciudadano, más eficaz y más eficiente para resolver los conflictos. Y en el ámbito penal, unos juzgados con menos trabajo y cárceles vacías, porque la sociedad sería más justa y con ello más segura.